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Respondabilidad y democracia
Por Lupe Andrade Salmón
En nuestro bello español no se encuentra la palabra equivalente a “accountability”, quizás por carecer culturalmente del concepto que la requiere. Actualmente se ha comenzado a utilizar el término “respondabilidad” para transmitir los conceptos que el término inglés conlleva: responsabilidad ante la comunidad, rendición de cuentas que no sean necesariamente en dinero, y compromiso moral y legal ante otros.
Lamentablemente, pese a estos interesantes inicios, el término (y por ende el concepto) de respondabilidad no ha ingresado a nuestro medio.
Incorporar el concepto de respondabilidad en nuestra sociedad, es algo mucho más complicado. Hemos desarrollado un gran estilo para cometer (y describir) el embauque, la irresponsabilidad, el abuso de confianza, la estafa, el tráfico de influencias y el uso irrestricto de la prebenda, cosa probada por nuestra expresiva terminología. Sin embargo, aún cuando estamos conscientes de que dichos hechos son antiéticos o ilegales, creemos que solamente son pasibles a sanción cuando se convierten en delitos tipificados en nuestro anacrónicos códigos de derecho civil o penal.
Al contrario, la respondabilidad está implícita en todo acto público, y se refiere a la obligación que tiene el servidor electo, así como todo ser humano que actúa por delegación de terceros, de rendir cuentas morales y de responsabilizarse para bien o para mal, de los resultados de su acción y gestión.
Esta respondabilidad significa que no puede actuar en el anonimato, ni escudarse en la inmunidad, ni acogerse a las prescripciones de ley, porque aunque no pudiese ser juzgado ante tribunales, sí debe ser sometido al juicio de sus pares, de su comunidad, o de la opinión pública bien informada.
Esa es la real democracia: una sociedad donde el gobernante se sabe juzgado a diario, y donde el ciudadano asume la propia respondabilidad de medir con ecuanimidad y sabiduría a sus gobernantes o autoridades. No hay democracia sin ciudadanos involucrados, y no hay ciudadanos inermes ante el poder, ya que su derecho de exigir no se limita al voto, sino que debe ejercerse a través de los medios de comunicación, las organizaciones de base y las redes de interacción comunal que existen en todo grupo humano.
La respondabilidad significa también que las autoridades o gobernantes que trabajan con honestidad, seriedad y dedicación, tienen derecho a un justo reconocimiento; significa que no se debe alentar la difamación y calumnia que enlodan las aguas, perjudicando el discernimiento de lo que es bueno y es malo. Significa que los medios de comunicación tienen la obligación de ir más allá de la denuncia hasta encontrar la verdad, y que los méritos tienen tanto derecho a ser pesados en la balanza de la opinión, como las culpas.
La respondabilidad como atribución universal nos enfrenta a un nuevo reto: las responsabilidades, cargas y tareas compartidas, donde el ciudadano debe asumir a plenitud su propio rol; sabedor de que si tiene malas autoridades, es también en parte por culpa suya; que en la hora de elegir tiene su propia carga de obligaciones morales, y que es un actor activo y respondable en lo bueno y malo de su comunidad, su ciudad, su país y su gobierno.
Artículo publicado en el periódico LA PRENSA, de
La
Paz, Bolivia, el viernes 7 de mayo de 1999; en la sección
Opinión—EL BATÁN.
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